El allanamiento lo realizó personal de la PREFECTURA local por orden de la Juez Federal Eva Parcio, en mandamiento de un exhorto librado por el juez federal Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7 de Buenos Aires. La causa que se investiga como “Lázaro Báez y otros / encubrimiento” data del año 2012 e involucra a varias empresas de Báez.
En esta ciudad, el allanamiento se hizo en la oficina de la empresa Epsur SA en la calle Mitre 855. La orden era secuestrar documentación contable y principalmente recibos bancarios, además de plazos fijos, préstamos de dinero y ayuda financiera que presumiblemente esa empresa habría recibido de Austral Construcciones, otra de las empresas de Báez. En esa oficina solo había una persona, la contadora de la empresa, quien debió entregar la documentación requerida por el fiscal federal que investiga esta causa, el dr. Guillermo Marijuán.
“Se encontró todo”
Fuentes no oficiales le corroboraron a este medio que fue encontrada la totalidad de la documentación requerida por la justicia y “más también”. El secuestro no solo constó de documentos de depósitos y bancarios sino que también fueron secuestrados archivos informáticos relacionados con la constitución de la empresa y sus movimientos contables desde sus mismos inicios.
Cabe mencionar que la investigación la inició de oficio el fiscal Marijuán luego de la denuncia pública que hiciera el periodista Jorge Lanata sobre “La ruta del dinero K”. Es en ese marco que el fiscal en su investigación encontró la existencia de un depósito a plazo fijo efectuado por Lázaro Báez en la sucursal del Banco Nación de nuestra ciudad, de 7.5 millones de dólares, de los cuales no se pudo explicar su procedencia. Hace apenas unos días el fiscal pidió la indagatoria de Báez y varias personas más, entre ellas su hijo Martín Báez que figura como presidente del Directorio de la empresa Epsur SA. Las sospechas de Marijuán de lavado de dinero se fundaron a partir de ese depósito de dudosa procedencia, lo que lo llevó a pedir los estados contables de la empresa desde su constitución como tal a la fecha.
Aparentemente el empresario habría efectuado este depósito a nombre de la empresa Epsur SA, pero esta no registra ese monto de 7.5 millones de dólares en su ingreso. El propio fiscal dijo que “de la documentación surge que en los estados contables de Epsur SA no hay en su activo la tenencia de plazos fijos en dólares y que dichos estados contables no cuentan con la firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en las cifras”.
Cabe mencionar que las sospechas también recayeron sobre otra de las empresas de Báez, Austral Construcciones, ya que los contadores del empresario habrían mencionado que este dinero habría ingresado a Epsur SA por un pago efectuado por Austral Construcciones. Por esta razón también se habría secuestrado documentación relacionada con los vínculos de ambas empresas y las transferencias que entre ellas tendrían, tomando en cuenta que ambas pertenecen a Báez.
Así las cosas, toda la documentación secuestrada ya fue remitida directamente al despacho del juez Casanello, en tanto que los peritos contables de la CSJN ya comenzaron a trabajar contabilizando los bienes y patrimonio de Báez y de 13 personas más relacionadas con el empresario, además de las 22 empresas que figuran a su nombre y a nombre de sus hijos. De esta manera la justicia busca establecer “la realidad económica de todos ellos”, para lo cual estableció 16 puntos periciales que ya son objeto de análisis.
