"Se trata de una causa de asociación ilícita con lavado de activos y perjuicio al Estado. En su momento desbaratamos una organización que perjudicaba a la ciudadanía a partir de un sistema de facturación apócrifa y mecanismos para evadir el fisco", explicó la ministra Bullrich, que instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad de Eugenio Burzaco.
El pasado mes de noviembre de 2017, a partir de una denuncia realizada ante la AFIP y como resultado de importantes tareas de inteligencia criminal y un trabajo mancomunado de las fuerzas, esta cartera desarticuló casi en su totalidad a esta asociación ilícita.
Al comienzo de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich se comprometió a que todos aquellos que hayan delinquido, paguen su precio ante la Justicia.
Tras los 45 allanamientos realizados de manera simultánea, los uniformados detuvieron a los principales 13 investigados, incluido uno de los jefes de la organización: Claudio Alejandro Gómez. Además, se habían incautado más de 120 vehículos (muchos de alta gama), poderes para actuar ante la AFIP, mucho dinero en efectivo, armas de fuego, elementos electrónicos y documentación.
Luego de desarticular a la banda delictiva, los uniformados de la Prefectura Naval fuerza encabezada por Eduardo Scarzello- continuaron con las tareas de campo y las escuchas telefónicas para dar con uno de los jefes de la banda, último prófugo en la causa.
"No hay desarrollo sustentable posible para nuestro país si no combatimos este tipo de delitos, es fundamental terminar con esta clase de organizaciones criminales. Trabajamos todos juntos como equipo para cuidar el patrimonio de todos los argentinos", concluyó la ministra de Seguridad de la Nación.
Esta red criminal, asociada al pago de retornos por parte de las empresas proveedoras del Estado, funcionaba como una usina de facturas truchas, proporcionándoselas a casi 3.500 contribuyentes, logrando evadir casi 4.000 millones de pesos. A su vez, facilitó la extracción de dinero de las sociedades para efectuar diferentes tipos de pagos, modalidad conocida como "pesificación".
Heber Ariel Russo, que contaba con pedido de captura nacional e internacional desde noviembre de 2017 por lavado de activos y asociación ilícita, era uno de los líderes de la organización. Éste quedó en calidad de incomunicado a la espera de ser trasladado al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, encargado de la causa.
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